(Álex Flores – Europa Press/)
Junts exprimirá al PSOE hasta el momento de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, cuyo debate empieza este martes a partir de las 15 horas. La formación independentista insiste en introducir nuevos cambios para reforzar el blindaje a Carles Puigdemont al albur de las últimas decisiones judiciales, ya que abren la puerta a dejar al líder de Junts fuera del perdón.
La formación independentista, a través de una enmienda transaccional con ERC, plantea suprimir la excepción del terrorismo en la ley de amnistía para dejar a los jueces sin argumentos a la hora de aplicar la norma. Si bien, el PSOE insiste en dejar el texto tal como está después de que la semana pasada cediera en el marco de la votación del texto en la Comisión de Justicia. Los socialistas creen que la norma es “robusta” tras acordar con ERC y Junts acotar la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía.
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Pero Junts quiere ampliar el alcance de la amnistía después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya insistido en la imputación por terrorismo a Puigdemont en la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic, que acordó prorrogar al menos seis meses más; y de que el juez de Barcelona que investiga el caso Voloh constatara indicios de un delito de traición por parte del expresidente de la Generalitat.
Nuevamente, la tensión se mantendrá hasta el final en una votación, con Junts tensando la cuerda y llevando al límite la negociación. Ante este escenario, cabe destacar que la posibilidad de que la ley orgánica no reciba mayoría absoluta no implica que decaiga su tramitación en el Congreso: el dictamen volvería a la Comisión de Justicia, “que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”, según el artículo 131.2 del reglamento del Congreso.
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“Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. La votación será anunciada con antelación por la Presidencia de la Cámara y, si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes”, reza el precepto en el caso de los proyectos y proposiciones de ley orgánica, como es la ley de amnistía.
En un comunicado emitido a media mañana, la formación independentista alega que “siempre ha defendido que la amnistía debe incluir a todo el mundo y debe ser de aplicación inmediata”. A su entender, la propuesta de amnistía que se vota este martes “no garantiza estos dos objetivos”, especialmente “vista la deriva de varios estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera”.
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Por ende, Junts mantiene el pulso y asegura que sigue “negociando y negociaremos hasta el último minuto para introducir cambios para conseguir estos objetivos”. “Si estos cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley”, aseguran fuentes parlamentarias del partido de Puigdemont.
Asens pide “actuar con responsabilidad”
El exdiputado de los comunes en el Congreso y negociador de Sumar con ERC y Junts, Jaume Asens, ha confirmado que la formación independentista se plantea tumbar la norma, por lo que ha pedido “actuar con responsabilidad”. En una entrevista de este martes en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, Asens ha instado a Carles Puigdemont y al PSOE a que “se esfuercen para llegar a un acuerdo porque sería una imagen desastrosa”.
“Políticamente, sería una derrota que no nos podemos permitir” tras seis meses de negociación, ha aseverado Asens para proponer que se apruebe la norma este martes y continúe su tramitación en el Congreso, y más adelante “hacer una nueva reforma de la ley si los jueces en su aplicación la sabotean”.
El camino de la norma en la Cámara Baja, precedido por una fuerte oposición de la derecha y la contestación en la calle, ha sido breve, pero intenso. El debate en torno a la ley ya no se asienta sobre su constitucionalidad, sino que radica en las acusaciones de terrorismo relacionadas con el procés catalán. Y es que, la norma se ha visto salpicada e influida por las decisiones judiciales tomadas en paralelo a su tramitación en el Congreso, dando lugar a un cruce de acusaciones de “injerencia” entre el poder ejecutivo y legislativo, y el poder judicial.
