Hace poco más de tres meses, Bruselas daba por finalizada la crisis energética y recomendaba a los estados miembro retirar las medidas de alivio a los hogares. Aunque el precio de la luz ya se ha alejado de los máximos que alcanzó tras el estallido de la guerra de Ucrania -cuando llego a batir el récord histórico de 500 euros/MWh- lo cierto es que en nuestro país, muchas familias siguen viviendo una situación de pobreza energética. Concretamente, más 8 millones de españoles no pueden mantener caliente su casa y 4,4 millones no paga a tiempo sus facturas. Una situación que podría empeorar en el caso de que no se prorroguen las medidas fiscales que se aplican en la actualidad y que caducan el próximo 31 de diciembre.
Según el último informe de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, el 17% de la población, casi 8 millones de personas, tuvieron problemas en nuestro país en 2022 para mantener su hogar a una temperatura adecuada. Son un millón más que en 2021 y casi 3 millones más que en 2020. Estas cifras distan mucho de las previsiones de Teresa Ribera, que en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, reducía el número de personas en esta situación al 6% en 2025.
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Esta estrategia elaborada por el ministerio de Transición Energética, también aborda otros supuestos como el pago de las facturas o la pobreza energética escondida. Así, el informe elaborado por la universidad arroja que 4,3 millones de personas, el 9% de la población, no pudieron pagar a tiempo sus facturas de la luz o el gas el año pasado y muchos más hogares tuvieron que dedicar recursos por encima de lo razonable a cubrir las necesidades energéticas que para el 16,8% fue desproporcionado con respecto al hogar medio en nuestro país frente al 15,2% en 2021. Unos porcentajes que distan mucho de las previsiones de Ribera para 2025, que vaticinaba que sólo el 5% de la población no podría pagar sus facturas a tiempo, y reducía al 12,9% los españoles que tenían que afrontar un gasto desproporcionado.
Por su parte, la pobreza energética escondida afecta en España a más de 4 millones de personas y la pobreza energética escondida severa a 2 millones de personas cuyo consumo energético se limitó a una cuarta parte de sus necesidades reales. Es decir, el 12,7% de la población se encontraba en una situación de vulnerabilidad energética, frente al 11,5% que prevén los cálculos del ministerio de Ribera para 2025.
Final de las rebajas de la factura de la luz
A falta de una semana para que finalicen las rebajas fiscales acometidas por el Gobierno para frenar el encarecimiento de la factura de la luz, Teresa Ribera aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, las previsiones de recaudación remitidas a Bruselas, así como el anuncio de la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos durante el discurso de investidura de Pedro Sánchez -donde se obviaron las medidas energéticas- apuntan a que estas no continuaran en 2024. De ser así, el recibo de la luz en el mercado libre subirá un 20,42%, es decir, más de 100 euros al año.
La rebaja al 5% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad y la reducción del 5,11% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad estarán vigentes hasta el próximo 31 de diciembre y tras el discurso pronunciado por Sánchez en el Congreso de los Diputados, parece que esa será su fecha límite. El Plan Presupuestario remitido a Bruselas el pasado mes de octubre ya arrojaba pistas importantes sobre la no continuidad de estas medidas.
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Concretamente, la rebaja del IVA de la electricidad ha supuesto una merma en los ingresos de las arcas públicas de 514 millones de euros en 2023. Sin embargo, para 2024 el Ejecutivo en funciones planea recaudar 1.016 millones a través de este gravamen, como consecuencia del fin de esta medida. Por su parte, la rebaja tipo del 5,11% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad también volverá a generar ingresos positivos para el Estado durante el próximo año. Concretamente, el Gobierno prevé recaudar 1.032 millones a través de este gravamen en 2024. Desde que se redujo este impuesto en septiembre 2021, el impacto negativo para las arcas públicas asciende a 2.041 millones -sin contar con el año 2023-.
Según el análisis de la plataforma Kelisto, el recibo de la electricidad en el mercado libre subirá en más de 100 euros al año -de unos 42 euros/mes a 50 euros/mes- si el IVA vuelve al 21% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 5,11% a partir del 1 de enero de 2024. En un escenario intermedio, en el que el Gobierno recuperara el 5,11% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, pero limitara la subida del IVA al 10%, el encarecimiento sería más limitado, del 9,47%, añadiendo unos 48 euros al año al recibo.
El fin de estas medidas no es nada descabellado, teniendo en cuenta que Bruselas ya daba por zanjada desde hace meses la crisis del mercado eléctrico. Concretamente, la Comisión Europea aseguraba que la volatilidad de los precios energéticos se había reducido gracias a las medidas puestas en marcha por los diferentes países y que, además, se había registrado un importante descenso de la demanda de energía en línea con los objetivos previstos. Asimismo, considera que no hay “evidencia” de que sea conveniente prolongar más allá del pasado mes de junio las intervenciones de emergencia en el mercado eléctrico de la Unión Europea aprobadas al calor de la crisis de precios de 2022.
