Sfax (Túnez), 23 jul (EFE).- La sombra y el agua son lo más codiciado en un jardín público del centro de la ciudad tunecina de Sfax, que acoge desde hace dos semanas a cerca de 1.500 migrantes subsaharianos que creían que esta sería la última etapa de un periplo con destino a Europa convertido ahora en escenario de redadas masivas y expulsiones hacia las fronteras con Libia y Argelia.
A principios de julio, después de meses de tensión entre habitantes y recién llegados, la muerte de un vecino a manos de tres supuestos agresores originarios de Camerún terminó por dinamitar la frágil convivencia.
En apenas 48 horas, más de un millar de personas -incluidos solicitantes de asilo y con permiso de residencia- se vieron desahuciadas, agredidas por «milicias» ciudadanas y detenidas por las fuerzas de seguridad para ser expulsadas a cientos de kilómetros, en una zona militarizada sin acceso a agua, alimentos o asistencia.
Humuhawa, proveniente de Sierra Leona, asegura que no le quedan más palabras tras perder el pasado 5 de julio a su hijo Mohamed, de diez años, en la frontera argelina.
«Mi hermana dio a luz en medio del desierto y pude acompañarla al hospital pero no me dejaron ir con mi hijo. El guardia me prometió que volvería más tarde con él pero no lo hizo», explica esta joven, con la mirada perdida mientras muestra una fotografía en su teléfono en la que aparece custodiada por sus dos hijos a cada costado y una sonrisa.
Tras una semana en tierra de nadie, sitiados por la policía fronteriza de Túnez y Libia- que se disputan el primer puesto como punto de partida hacia Europa- Media Luna Roja evacuó a cerca de 700 personas para ubicarlas en varios centros de acogida de las regiones sureñas. Sin embargo, cientos de personas continúan todavía varadas en la parte argelina.
SFAX, SALA DE ESPERA INTERMINABLE
Blanche dejó hace tres años Costa de Marfil, donde trabajaba en un centro de estética, para asentarse en el país magrebí en busca de trabajo. Para la mayoría de países del continente, no es necesario un visado para estancias inferiores a 90 días pero los permisos de residencia se convierten en un camino minado y rápidamente pasan a situación irregular.
«No tenía en mente irme pero después de todos los problemas en los últimos meses lo único que quiero es salir de aquí», afirma esta treintañera, expulsada por el propietario de su apartamento de la noche a la mañana y que dice ya no sentirse segura.
Estos problemas, apunta, comenzaron en febrero tras el discurso del presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021- en el que acusó a las «hordas» de migrantes de formar parte de un complot para modificar la identidad «arabo-musulmana» del país.
Desde entonces trabaja como empleada doméstica en la capital para tratar de comprar plaza en una patera, cuyo precio varía entre los 1.500 y los 3.000 dinares (cerca de 450-900 euros), y se traslada a Sfax una vez ahorrado lo necesario.
Hasta ahora, los guardacostas ya han frustrado dos de sus tentativas al igual que han hecho con otras 35.000 personas desde inicios de año -5.000 de ellos nacionales- frente a las 37.700 que han logrado llegar a la costa italiana, a apenas 150 kilómetros de distancia.
La Unión Europea firmó el pasado domingo un acuerdo con Túnez- cuyos detalles se desconocen- con el fin de intensificar el control de sus fronteras a cambio de inversiones financieras. Un modelo que aspiran a exportar a otros países de la región.
Imed, comerciante local de frutas a escasos metros del lugar, se pregunta cómo han podido llegar miles de migrantes en tan poco tiempo a esta ciudad financiera, lejos del turismo de masas de las localidades vecinas.
«Nuestra vida se ha vuelto un infierno. Por su culpa han subido los precios de los alquileres, hay penuria de muchos alimentos, ya no se encuentra arroz ni azúcar pero lo sorprendente es que ellos sí tienen porque disponen de medios», defiende y propone distribuirles a otras regiones para no ser los únicos en soportar este «lastre».
Túnez participa hoy en Roma en una cumbre sobre migración junto a dirigentes de la Unión Europea, Oriente Medio, Magreb y Sahel en busca de una estrategia, denuncia Human Right Watch (HRW), «cortoplacista, abusiva y malsana».
Mientras tanto, el país magrebí ya ha puesto en marcha su propia política de «tierra quemada», en la que ha dejado a los migrantes subsaharianos sin opciones para trabajar, encontrar alojamiento y sin recursos para perseguir su objetivo o regresar a sus países de origen.
Natalia Román Morte
