La plenaria del Senado de la República decidió posponer una vez más el debate del proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Esto, luego de que en la sesión del 20 de marzo (quinto intento por llevar a cabo el debate) se aprobó una proposición que insta a llevar a cabo una sesión de carácter informativo con la finalidad de incorporar las voces de todos los actores involucrados en esta temática.
Este aplazamiento surge como resultado de una iniciativa que busca fomentar un diálogo más amplio respecto a este asunto crítico que afecta a una amplia demografía en el país.
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La intención es asegurar que todas las partes interesadas, incluyendo expertos y representantes de diversos sectores, puedan expresar sus opiniones y contribuir con sus perspectivas antes de avanzar con cualquier decisión. Esta estrategia resalta el esfuerzo por alcanzar un consenso más robusto y una comprensión integral del impacto que la reforma pensional podría tener en la sociedad.
(Belén Gutiérrez/)
La propuesta de organizar una sesión informal antes de la votación final busca garantizar que el proceso legislativo sea inclusivo y transparente, reflejando una gama más amplia de puntos de vista y consideraciones. Este enfoque de deliberación destaca la importancia de la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, especialmente en temas de gran relevancia social como la reforma pensional.
Con esta última postergación, se espera que la próxima sesión brinde un foro donde se puedan explorar los diferentes aspectos de la reforma, en donde se considere no solo los beneficios potenciales, sino también los desafíos y las inquietudes que podría presentar. Es un momento crucial para el futuro de las pensiones en el país, con la expectativa de que un diálogo constructivo pueda llevar a soluciones equitativas y sostenibles.
La gran estafa de Gustavo Petro
Tras lo sucedido, el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, aseguró que esta es una gran noticia para Colombia, ya que es necesario escuchar a los diferentes sectores de la sociedad civil, en especial comunidades, centrales sindicales, gremios, académicos y expertos, incluso, representantes de las comunidades étnicas indígenas del país y de jóvenes.
Insistió en que estos tienen que ir al Congreso de la República a conocer lo que realmente está sucediendo y, en principio, ilustrar a la plenaria del Senado
“Gran noticia, porque no solo logramos aplazar la discusión de una reforma inconveniente, una gran estafa a los colombianos por parte de Gustavo Petro, sino que, además, permitimos que se abra la discusión y se escuchen a todos aquellos que este Gobierno no ha querido oír”, enfatizó el senador.
Remarcó que los congresistas del Pacto Histórico están molestos porque, evidentemente, lo que quieren es imponer una reforma que no es otra cosa que una pirámide del tipo DMG, que va a robarle los ahorros a 18 millones de colombianos.
Sigue la dilación de la oposición
Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, calificó lo sucedido como algo lamentable, porque, según ella, la verdad es que el país estaba esperando que se empezara el debate de las ponencias del proyecto de ley.
De acuerdo con Ramírez, una vez más la oposición ha jugado a la dilación, por lo que ahora se espera que el 2 de abril, cuando pase la Pascua, se haga la audiencia que están pidiendo, pero que de verdad arranque para que demuestren al país que hay compromiso y que hay seriedad, ya que los debates se ponen sobre la mesa.
“No puede ser que después de cinco meses que esta ponencia está en el Senado de la República hoy se venga a decir que todavía falta que haya más participación. Yo creo que es importante que los colombianos y colombianas también tomen atenta nota, porque esta es una reforma que necesita el país. Se hicieron audiencias públicas y se han hecho reformas a la calle. Se han hecho debates académicos”, insistió la funcionaria.
También remarcó que es una ponencia que se ha construido de manera muy rigurosa, tanto con el Ministerio de Hacienda como con los sectores que participan con el aval de la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), de la Organización Internacional de la Seguridad Social, incluso, del Banco Mundial, que ha participado también de manera activa en la estructuración de este sistema.
