Esta es la historia de varias reuniones clandestinas. En agosto de 2021, la empresaria Sada Goray Chong (43), socia de una veintena de empresas, lucía incómoda. Los funcionarios del Fondo Mivivienda (FMV), la institución que gerencia los fondos públicos para otorgar bonos o financiamiento a los más vulnerables, demoraban en aprobar un convenio con Marka Group, la empresa más destacada de su cartera que había fundado con su exesposo, Luis Mesones, para dedicarse al rubro inmobiliario.
Goray buscaba, en rigor, un acuerdo para otorgar préstamos hipotecarios sin supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ―es decir, ser una entidad prestamista no supervisada—, y la aprobación de un sistema de fideicomisos para sus proyectos con el programa Techo Propio.
El Gobierno del expresidente interino, Francisco Sagasti, había concluido sin aprobar los requerimientos. Pero, a menos de un mes de iniciada la administración de Pedro Castillo, Goray logró concertar una reunión a través de Google Meet.
Elizabeth Añaños, exviceministra de Vivienda, fue la encargada de organizar esa cita por encargo de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, presidido entonces por Geiner Alvarado. El miércoles 25 de agosto de 2021, a las 14:00 horas, las cámaras se encendieron y ahí estaba ella, al lado de su abogado.
En un informe difundido por Cuatro Poder, Añaños señaló que no estaba prevista la intervención del ministro Alvarado, aunque él apareció de manera escueta, al igual que Marrufo, hoy testigo protegido. Gracias a la investigación fiscal, se sabe que a partir de entonces ya se tejía el mayor escándalo de corrupción en el sector Vivienda.
La estrategia de Sada Goray —trujillana, administradora de empresas, exgerente de Marka Group y ahora colaboradora eficaz— era beneficiarse a través de convenios con el Estado para vender viviendas sociales en condiciones donde su empresa generara más ventaja. Lo hizo a través de coimas millonarias y con ayuda del periodista Mauricio Fernandini, quien se acogió a la confesión sincera. Todo consta en expedientes fiscales.
Tenía inversiones en proyectos que necesitaban el visto bueno de FMV, pero no lograban que fueran aprobadas, principalmente porque su empresa quería aportar solo el 15% del fideicomiso, no el 25% que fijaba el comité. El aval debía ser emitido desde el directorio, de manera que tenía dos caminos: o elevaba la inversión o buscaba remover el directorio.
Optó por lo segundo y pagó un soborno de cuatro millones de soles —en partidas distintas—, un monto que, según documentos fiscales, fue pedido por Marrufo y hasta llegó a manos del expresidente, ahora recluido en Barbadillo. Las negociaciones y los pagos se hicieron, de acuerdo con el Ministerio Público, en la casa de Fernandini, quien propició el vínculo entre Goday y Alvarado por encargo de su prima, Pilar Tijero. El periodista ha admitido que Goday le pagó 10 mil soles mensuales por el alquiler de su departamento para estos encuentros ilegítimos.
La declaración del también bailarín de marinera trata de esclarecer esta red que, por momentos, se torna incomprensible por la cantidad de datos e incidentes. En septiembre de 2021, el comité de riesgos del FMV había aprobado ya el convenio para otorgar préstamos hipotecarios sin supervisión de la SBS, pero faltaban los fideicomisos, la inyección de dinero para la venta de las viviendas. La junta volvió a reunirse, pero el pedido de Marka Group fue denegado.
Entonces, un 14 de septiembre de ese año, en una oficina del centro empresarial Los Incas (Surco), se orquestó otro encuentro en el que fueron convocados diez personas, según información recabada por Fiscalía. En esa reunión exprés —a la que asistió Goray— se explicó la visión y misión del FMV, y cómo funciona esta entidad estatal que administra 1200 millones de soles.
Cuatro de los diez asistentes ingresarían al FMV el 29 de ese mismo mes: Pedro Arroyo fue nombrado presidente, Luis Mesones asesor, y Gonzalo Arrieta y Roger Gavidia como directores. José Carlos Forero, quien dio la clase exprés, según información fiscal, devino en gerente general del Fondo. Dos meses después, el 18 de octubre, el nuevo directorio aceptó la propuesta de Goray de cubrir el 15% de la inversión inmobiliaria, cuando los estatutos señalan que no debe ser por debajo del 25%.
Con esos cambios, el directorio aprobó seis proyectos inmobiliarios por cerca de 250 millones de soles y Marka Group logró el financiamiento con fondos públicos para la construcción de 5.491 viviendas. Según documentación difundida por La República, fue Mesones quien, contratado subrepticiamente, influyó sobre Arroyo para que el FMV le diera luz verde a los proyectos inmobiliarios de su exesposa.
“La investigación en torno a Sada Goray, Salatiel Marrufo, Mauricio Fernandi, lo que demuestra también, por supuesto, es que el señor Castillo era un delincuente que dirigía una banda dedicada a ver cómo saqueaban en el Estado, que era la parte más jugosa y claro, pues, el Ministerio Vivienda”, ha dicho el periodista César Hildebrandt.
Goray, quien aduce que entregó las coimas millonarias porque estaba extorsionada, fue cercada por una investigación del Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder a fines de octubre del año pasado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Sin embargo, el Ministerio Público precisó solamente sería imputada por cohecho y tráfico de influencias agravado en la modalidad de instigadora.
Por entonces, también, Marrufo declaró que recibió pagos ilícitos a cambio de conseguir resoluciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) que reconocían a Marka Group como propietaria de un predio del Estado ubicado en Chilca, al sur de Lima, el cual Goray revendería por 47,6 millones de dólares. Para obtenerlo ejecutó la misma estrategia: ubicando a sus allegados en puestos clave.
De esa manera, la SBN contrató como “asesora externa” a Flor Olivera Orellana, su abogada y socia, para que emitiera “opinión técnica” a favor de la empresaria. Infobae Perú contactó sin éxito a su defensa legal.
“Esta es una historia tan peruana y tan latinoamericana donde se cobran favores. Eso de buscar al amigo, del amigo, del amigo para codearse con lo más alto del poder. Es la clase de empresarios que tanto daño hacen al país”, dijo a este medio el politólogo Darío Pedraglio.
Según El Comercio, en los próximos días la procuraduría anticorrupción solicitará formalmente al Ministerio Público ampliar la pesquisa contra Goray por organización criminal ―actualmente solo es investigada por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias agravado―. Fiscalía también ha requerido una pesquisa contra su expareja por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, está convencida de que los cuatro millones de soles en coimas son solo “la punta del iceberg” de un caso que expondrá a más implicados. Desde que admitió los pagos ilíticos, Goray ha entrado y salido del país sin aspavientos: su registro migratorio cuenta vuelos a Estados Unidos, Chile, Colombia, República Dominicana y Brasil.
En tanto, Marrufo fue excarcelado y el exministro Alvarado, detenido en marzo pasado en el acomodado distrito limeño de La Molina, cuando se desplazaba en su camioneta. Horas antes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por César San Martín, dispuso variar la medida de comparecencia periódica ante las autoridades, que estaba vigente para el exfuncionario, por la de prisión preventiva, al estar comprendido en la investigación por organización criminal abierta contra Castillo y una serie de allegados políticos y familiares.
Para el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, este panorama evidencia que Goray ha sido tratada con guante de seda.
“El fiscal fue a Punta Cana a pedirle su declaración. Ella vino y se volvió a ir y no pasó absolutamente nada. En otros casos, que no hay delitos tan graves, los meten presos y no los dejan salir del país y les ponen mil restricciones. Es increíble lo que está ocurriendo acá”, mencionó a Infobae Perú.
Castillo, acusado de dirigir desde la presidencia una red de corrupción, lavado de activos y concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político, seguirá tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras avanzan las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por cargos de rebelión y corrupción. La trama de Goray ha complicado su situación, pese a que el exmandatario insiste en su inocencia.
