El abogado Jorge del Castillo admitió este jueves que el apodo de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ―a quien respalda legalmente— es ‘Vane 2′, tal como la tiene registrada en su celular. “En mi teléfono tengo identificada a la doctora [así], le puse así por no poner su nombre. Eso es mi teléfono”, dijo en una entrevista difundida por Canal N.
“Son licencias que uno se puede poner para no emplear el nombre de una persona. ¿Para qué le voy a poner un apodo distinto? Mejor le pongo lo que aparece”, señaló en referencia a las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, quien indicó que la magistrada empleaba ese alias para sostener “conversaciones privadas con su círculo de confianza” para coordinar “presuntas actividades ilegales”.
Del Castillo emitió un mensaje en su plataforma de X, antes Twitter, en la que pedía la participación de Benavides en la audiencia donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará, este viernes, la crisis en la el Ministerio Público. En la publicación, consignó una captura de pantalla que había sido enviada por un contacto llamado ‘Vane 2′.
Al quedar en evidencia, y ante una ola de críticas o mensajes que ironizaban su desliz, el letrado eliminó la publicación. “Iba a ser problemático, por eso mismo lo borré. Hay unos atorrantes en las redes que te insultan y te dicen de todo. Uno no le hace caso a esas cosas”, siguió.
Villanueva ha testificado ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) que Benavides empleaba la aplicación cifrada de mensajería instantánea Signal para dirigir a sus allegados y que se hacía llamar ‘Vane’ en los chats para no ser identificada, según un informe publicado por Hildebrandt en sus trece.
Esas coordinaciones, agregó, se hicieron para lograr la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura.
El exasesor también confirmó la veracidad de los chats que dieron origen a una investigación abierta a una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público.
Apenas conocida la investigación, Benavides aseguró que se trataba de “un acto torpe” para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno y presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
Boluarte, en contrarréplica, anotó que la decisión de la fiscal era una “deleznable maniobra política” con la que pretende “distraer la atención” de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
En desarrollo.
