Un nuevo informe certifica el uso desproporcional de la fuerza que el gobierno de Dina Boluarte ejecutó durante las protestas sociales que se registraron entre diciembre del 2022 y julio de este año. Se trata del documento elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que hoy se dio a conocer y cuyo contenido tiene contundentes conclusiones.
En el reporte de 54 páginas de la ONU, al que Infobae Perú tuvo acceso en exclusiva, se detalla que el Estado peruano hizo “uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”.
“Esto incluye casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad”, se lee en el documento. Además, se agrega que se documentó que se hizo uso de armas menos letales que provocaron lesiones graves, incapacitantes y mortales a las personas que salieron a protestar contra el régimen de Boluarte. Todo esto se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de la Nación.
Seguidamente, la oficina de DD.HH de la Naciones Unidas detalla que cientos de protestantes fueron detenidos con el pretexto del control de identidad, en algunos casos en masa, por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). A su juicio, la mayoría de estas intervenciones “podrían implicar un trato cruel, inhumano y degradante de los manifestantes, posiblemente equivalente a tortura”.
Informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU by Infobae Perú on Scribd
Adicionalmente, el informe da cuenta que se presentaron denuncias penales, incluidas acusaciones de terrorismo, contra los participantes de las marchas, lo cual podría causar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación.
“En algunos casos, estas denuncias penales suscitan preocupaciones por su compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos”, refirieron.
La ONU también menciona que, durante el contexto de las protestas, también se apeló al discurso del “terruqueo” para calificar a las personas como violentos, vándalos o vinculados a actividades ilegales. Igualmente pasó con un discurso racista con comentarios despectivos basados en la etnia, la condición social o el origen regional de los manifestantes.
“Varias personas informaron de que las fuerzas de seguridad hostigaban e intimidaban a los manifestantes, incluso mediante el uso de vigilancia, amenazas y otras formas de coacción, como medio de disuadirlos o limitar su participación en las manifestaciones”, se percibe en el documento.
Finalmente, el informe de la ONU enfatiza que “es necesario que se adopten medidas para reducir las tensiones, así como para garantizar la independencia de las instituciones electorales y judiciales, abordar la discriminación racial estructural e implementar las reformas pendientes en el sector de la seguridad”.
Entre las recomendaciones que se le extiende al Estado peruano es apelar a la figura del Estado de Emergencia sólo en situaciones excepcionales. Garantizar que no se utilicen armas de fuego en el contexto del control de multitudes durante las protestas sociales.
Además, se plantea que la Policía fortalezca su mecanismo de rendición de cuentas “a fin de implementar sistemáticamente investigaciones disciplinarias y las sanciones correspondientes en caso de presuntas violaciones de derechos humanos”.
De otro lado, se recomienda que todas las autoridades, incluidas la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, cooperen con las autoridades judiciales, incluida la divulgación de cualquier información de su exclusiva competencia que las autoridades judiciales consideren pertinente.
“Como medida para reconstruir la confianza, fomentar espacios de diálogo entre las víctimas, sus familiares y las autoridades, incluso mediante actos públicos oficiales de reconocimiento/disculpa y espacios de diálogo, y adoptar respuestas adecuadas y eficaces al más alto nivel para atender las demandas de la población, ya sean políticas, económicas o sociales”, se indica en el informe.
De esta manera, el documento elaborado por Naciones Unidas coincide con las mismas conclusiones de los informes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Right Wacht realizaron sobre las protestas sociales que se dieron contra el régimen de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año.
