La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente ante un juez de conocimiento a diez empresarios por presuntamente haber desfalcado a Ecopetrol, a través del saqueo y del contrabando de hidrocarburos.
Uno de los datos que reveló el ente investigador y que resaltó fue que, al parecer, esos diez empresarios habrían hecho parte de este entramado criminal en compañía de algunos bloques del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Uno de los diez empresarios señalados por la Fiscalía General de la Nación es Hernando Silva Bickenbach.
La acusación de la Fiscalía llegó luego de una investigación en conjunto con la Dijin realizada desde el 2016. Es importante resaltar que los implicados en el caso de Ecopetrol, tendrán que responder por mezclar petróleo del país vecino de Venezuela y del oleoducto Caño Limón-Coveñas, con el propósito de realizar contrabando.
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Las 10 personas que fueron acusadas son: Hernando Silva Bickenbach, Roger Arturo Gale, Hiklirs Abraham Rincones, Óscar Luis Pastrana, Paola Margarita Martínez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernán Devia, José Gabriel Márquez Santos y Margarita Delgado de García.
El nombre de Hernando Silva Bickenbach, es uno de los que más ha sonado en la investigación revelada por la Fiscalía General de la Nación, pues, según el ente, aprovechó su cargo como representante legal de Niman Commerce para asegurar que el entramado criminal que robaba a Ecopetrol pudiera seguir operando sin contratiempos.
En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que: “Silva Bickenbach ha sido uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y/o receptación de los hidrocarburos que se distribuyen de manera ilegal por el territorio nacional, toda vez que esta persona posee un gran músculo financiero que le permite a través de su sociedad Niman Commerce SAS”.
Y es que, según señala el ente investigador, los importantes empresarios del mundo del petróleo habrían tenido ayuda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para ejecutar su modus operandi, que consistía en quedarse con el crudo que robaba el grupo guerrillero del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Los empresarios anteriormente mencionados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado.
Las investigaciones también sacaron a la luz que, habrían importado hidrocarburos a países como Venezuela y Panamá, con el fin de volverlos a ingresar a sus empresas, ya que estás eran la cadena de distribución para legalizar la mercancía.
Para lograr su cometido, los hoy acusados, falsificaron documentos para que las autoridades no sospecharan del tráfico de hidrocarburos que realizaban. Sin embargo, tras llevar a cabo una minuciosa revisión, por parte del Ministerio de Minas y Energías, Ecopetrol y la Fiscalía encontraron datos que fueron alterados.
Según señaló la Fiscalía General de la Nación, esta red que saqueaba petróleo al parecer operaba en los departamentos de Sucre, Cesar, Atlántico, Bolívar, Santander y Cundinamarca.
Además, el ente, contó que esta organización también contaba con el apoyo de empresas que hacen parte de la zona franca de Barranquilla, ellos cumplían un papel importante en legalizar dichos productos.
“La organización ejecuta de manera técnica el contrabando de hidrocarburos, actividad que realizan con el favorecimiento de sociedades que se encuentran al interior de zona franca de Barranquilla y son las encargadas de facilitar la simulación de estos productos, haciéndolos pasar por otro tipo de producto como ‘residuales’ ‘combustóleos’ y ‘Fuil Oil’”, explicó la Fiscalía.
Otro de los empresarios que cumplió un rol muy importante en este entramado, y que también está siendo acusado, fue Roger Arturo Gale Gutiérrez, que teniendo en cuenta la información que reveló la Fiscalía, ejercía como ingeniero comercial de la sociedad Gunvor Colombia SAS. Pues asesoraba a la estructura delincuencial para que los hidrocarburos parecieran de procedencia legal.
Finalmente, se debe mencionar que para comercializar el petróleo cargaban buques en el caribe con documentos que supuestamente estaban en regla, pero de acuerdo con el documento de acusación de la Fiscalía eran falsos.
