En medio de debates y críticas, la propuesta de reforma pensional en Colombia, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta momentos de incertidumbre tras las recientes declaraciones de un cambio en los umbrales de cotización sugeridos por el mandatario.
Esto, debido a que la propuesta original y concertada entre los congresistas y la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, establecía un umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, pero tras la aprobación en la Plenaria del Senado Petro sugirió elevarlo a cuatro salarios mínimos de cara a los debates que tendrá en la Cámara de Representantes, lo que generó reacciones adversas, incluso dentro exfuncionarios del Gobierno.
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El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, por ejemplo, calificó este cambio como un potencial complicado para la ya debatida reforma, por lo que destacó la dificultad que representaría este ajuste para su aprobación.
(Elvis González/)
Ocampo, en su análisis crítico, subrayó la importancia de atender los problemas estructurales del sistema pensional colombiano, entre ellos, la situación demográfica que demanda una atención urgente.
“Me parece que es un error volver atrás, sobre todo para que eso sea aprobado en el congreso de la república”, expresó el exfuncionario al señalar las discrepancias dentro del Gobierno sobre el umbral de cotización.
El papel del Banco de la República
Para el exministro, cualquier reforma debería enfocarse en garantizar sostenibilidad y equidad dentro del sistema, y que se eviten decisiones que puedan entorpecer su implementación.
“El Banco de la República es el idóneo para hacer eso, para darle rigor al manejo de ese fondo de pensiones”, afirmó Ocampo al aludir a la administración técnica de los fondos generados por la reforma. Este punto destaca la necesidad de una gestión rigurosa y alejada de intereses políticos que puedan comprometer los recursos destinados a las futuras pensiones.
El exfuncionario también hizo hincapié en que el manejo de estos dineros debe orientarse de manera exclusiva a pagar pensiones, sin desviarlos para otros fines que puedan descapitalizar el ahorro de los colombianos, ya que podría generar graves consecuencias para la economía del país.
Nueva reforma pensional
Asimismo, la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, confirmó lo que muchos expertos vienen diciendo desde que se conoció la estructura del proyecto de ley. Mencionó la posibilidad de que Colombia requiera una nueva reforma pensional dentro de 15 años, dada la evolución demográfica esperada.
Esto resalta la necesidad de adaptar constantemente el sistema a las realidades poblacionales y económicas del país.
Así las cosas, Ocampo, anticipándose a futuros desafíos que generaría la reforma actual, sugirió revisar el número de semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión, proponiendo un ajuste a las 1.300 semanas, basándose en la prolongación de la vida laboral y la expectativa de vida actual.
“Con la expectativa de vida actual, las mujeres cotizarían 19 años y tendrían una pensión por 27, eso no tiene lógica desde el punto de vista fiscal”, reflexionó Ocampo al dejar en evidencia las disparidades entre el tiempo de cotización y el periodo de disfrute de la pensión, una situación que exige una revisión profunda y ajustes para garantizar la viabilidad del sistema.
Diálogo inclusivo
La reforma pensional se erige, por ende, como un asunto espinoso que requiere un diálogo inclusivo y soluciones balanceadas que atiendan tanto las necesidades actuales como las proyecciones a futuro del sistema pensional colombiano.
La atención se centra en cómo el Gobierno de Gustavo Petro, con la colaboración del Congreso de la República y los diversos sectores involucrados, navegará por estas aguas turbulentas para encontrar un consenso que asegure un sistema pensional justo, sostenible y adaptado a las realidades demográficas y económicas que enfrenta el país.
