“Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal”. No se trata solo de la letra de una canción de Charly García. Es la frase que eligió un miembro de Comodoro Py 2002 para reflejar la película que empezó el año pasado, con el robo de declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura, el intento de intrusión a los teléfonos de distintos jueces y funcionarios federales y lo que después dejaría expuesto la investigación sobre el caso del celular de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad porteña: un joven contactado y contratado en Misiones para tomar el control de los celulares de distintos magistrados y funcionarios. Quién estuvo detrás de esto es lo que se sigue investigando.
Al escándalo de los celulares hackeados, se le vino a sumar la denuncia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que aseguró que también en esa provincia se gestionaron al menos cuatro líneas telefónicas a su nombre entre fines del año pasado e inicios del 2023. El caso podría transformarse en breve en una megacausa: se busca establecer si hubo un accionar “sistemático y persecutorio sobre determinados jueces”, adelantaron a Infobae las fuentes consultadas.
Por estas horas, los expertos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO). el organismo encargado de las interceptaciones telefónicas, están elaborando un “amplio informe” para retratar qué actividad tuvieron las líneas de la empresa Personal que se gestionaron a través a nombre del juez de la Corte Suprema.
Así lo ordenó el juez Marcelo Martínez De Giorgi, luego de recibir la causa de manos del fiscal de turno, Gerardo Pollicita, que había solicitado las primeras medidas cuando el 29 de marzo Rosatti radicó la denuncia. Las diligencias corroboraron que los líneas se activaron en Misiones. Según pudo saber Infobae, la fiscal Paloma Ochoa, que recibió el expediente para dictaminar, opinó que el caso debía pasar a la justicia federal de esa provincia, pero reclamó que eso se concretara cuando se hubieran recolectado toda la información.
Sin embargo, con los elementos ordenados, el caso de Rosatti podría ser evaluado a la luz de los otros casos que tramitan Comodoro Py. Y convertirse en una megacausa que aglutine varios casos similares. Solo en el juzgado de Martínez de Giorgi tramitan las denuncias que radicaron, por cuerda separada, otros jueces: Rodrigo Giménez Uriburu, juez del tribunal oral federal que condenó a Cristina Kirchner y otros ex funcionarios en la causa Vialidad; y Mariano Borinsky, el magistrado de Casación a quien el oficialismo también había denunciado por visitas a la quinta de Olivos en la gestión de Mauricio Macri.
La instrusión al teléfono de Giménez Uriburu ocurrió el 8 de septiembre y fue detallada por Infobae el 13 de septiembre, cuando se hizo pública. Para esa altura, la defensa de Cristina Kirchner ya había pedido la recusación del magistrado por haber jugado partidos de fútbol para el club Liverpool junto al fiscal del caso Diego Luciani.
Apenas apareció la noticia sobre el caso del teléfono de Giménez Uriburu, Borinsky le comentó a varios de sus colegas en el hall central de Comodoro Py que a él le había pasado lo mismo y lo había denunciado. Fue la segunda vez que le intentaban entrar al teléfono. Seis meses antes había hecho la denuncia policial e intervino la división de Asuntos Informáticos de la Policía Federal. Un llamado se hacia pasar por funcionarios del Ministerio de Salud porteño para una nueva vacuna de Covid y le pedían el código SIM. La denuncia quedó radicada en el juzgado de Martínez de Giorgi
El 8 de septiembre de 2022 amplió esa denuncia: aseguró que intentaron usar la tarjeta sim (se enteró por un mail de Movistar informando un cambio de SiM que había solicitado). De inmediato reclamó la suspensión de todas las líneas activas con su número y un nuevo chip. Durante casi un día estuvo sin acceso a su línea y sus aplicaciones, según consta en la denuncia a la que accedió Infobae.
Por sorteo, las dos causas quedaron radicadas en el juzgado de Martínez de Giorgi, confirmaron a este medio las fuentes consultadas. Hubo otros jueces y funcionarios que vivieron situaciones similares y que en ese momento eligieron no denunciar porque no llegaron a perder el control de su teléfono. Fue el caso del juez Andrés Basso, también integrante del tribunal oral que juzgó a la vicepresidenta. “Si hay jueces que no denunciaron en su momento o no le dieron importancia o prefirieron esperar, quizás ahora, con la foto completa sí denuncian”, señalaron las fuentes a este medio.
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En esa “foto”, se agregan más episodios sugestivos: el 21 de junio, casi tres meses antes de los problemas con los teléfonos, se supo que desconocidos abrieron 33 sobres con las declaraciones juradas de jueces y funcionarios en una oficina del Consejo de la Magistratura. Entre ellas, estaba la de Giménez Uriburu. Por el material sensible de datos personales que contiene es material reservado.
“¿Acaso buscaban datos secretos o información clasificada que les sirviera para acreditar identidad cuando quisieran tomar el control de las líneas de los funcionarios y magistrados?”, se preguntaron en Comodoro Py 2002 fuentes consultadas por Infobae.
Esa causa está en manos del fiscal Ramiro González y el juez Daniel Rafecas. Hasta ahora, las diligencias corroboraron que el delito existió pero no han podido identificar quién y cuándo irrumpieron en las oficinas del Consejo para hacerse de esa información clave, indicaron a Infobae las fuentes consultadas. De los 33 sobres, 24 “fueron abiertos” y nueve fueron “manipulados”. Entre los sobres abiertos aparecen los de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. También los sobres con las declaraciones juradas de los jueces de Tribunal Oral Federal que juzgaba a CFK: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El sobre con la declaración jurada del juez federal de primera instancia Ariel Lijo también está entre los que fueron abiertos. Asimismo, se halló abierto el sobre con la declaración jurada de bienes de Agustina Díaz Cordero, jueza en lo Civil y representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El caso D’Alessandro, el teléfono de Santilli y el hacker testigo y acusado
Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli, diputado nacional y candidato a la gobernación bonaerense, denunciaron al mismo tiempo que habían sufrido el hackeo de sus teléfonos. Aunque la noticia se conoció en los primeros días de noviembre, el hecho había ocurrido en octubre. Santilli denunció que el 14 de octubre detectó que su celular tenía problemas de conectividad y eso derivó en reclamos a la empresa. Tuvo que conectar un nuevo chip, pero “quienes sustrajeron momentáneamente mi identidad lograron acceso a información de carácter personal, funcional y confidencial. Esa maniobra les permitió acceder seguramente a mis casillas de correo, whatsapp, contactos personales otras redes. Ignoro la intencionalidad de semejante acción”, dijo en aquel momento.
Una denuncia similar presentó en la justicia porteña el entonces ministro de Justicia y Seguridad. A inicios de noviembre, comenzarían a aparecer en una pagina creada especialmente distintos chats en dos grupos de Telegram que integraba D’Alessandro con jueces y empresarios, algunos de los cuales habían viajado con él a Lago Escondido. El viaje tuvo lugar el 13 de octubre y fue difundido por Página/12 cuatro días después. Esos diálogos, que D’Alessandro denunció adulterados, se conocieron el fin de semana previo a la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. A fines de diciembre, luego del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación, se filtrarían otra seguidilla de supuestos chats del teléfono de D’Alessandro, que le sirvieron al oficialismo para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema.
La investigación por la denuncia del robo a D’Alessandro, quien renunció el 22 de marzo a su cargo, condujo hacia Misiones: la fiscal porteña de Daniela Dupuy acusó a Elias Ezequiel Nuñez Pinheiro, el joven de 22 años que reconoció como imputado que entró al teléfono del ex ministro porteño porque le pagaron entre 12 y 15 mil pesos para hacerlo. Señaló que se lo pagaron en una billetera virtual y que fue un misterioso sujeto de Telegram identificado como“ElJuanxd” el que se lo pidió en agosto. No fue el único espiado. También le pidieron entrar al teléfono de Giménez Uriburu, según el mismo admitió. Pero en su imputación se asegura que, desde el mismo IMEI, y desde la localidad de Eldorado, ingresó a las líneas de Fabio Alejandro Segurado, Luis Esteban Barbier, Diego Santilli y María Eugenia Piperio, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso, Gustavo Hornos, y de Cristina Vanesa Figueroa, Verónica Salido y Adriana Lázaro.
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Lo que llamó la atención en tribunales es que la investigación sobre el teléfono de Santilli, que llevaron la jueza María Servini y el fiscal Federico Delgado, ya apuntaba el año pasado hacia Nuñez Pinheiro. Es más: el joven declaró como testigo junto a Junior Yamir Gularte, porque a ellos apuntó la pesquisa cuando se siguió la ruta de dónde se había activado el cambio de chip. Todo conducía a Eldorado, Misiones.
Por zoom, Gularte explicó que era vendedor de la empresa COMTEL SA hasta fines de julio y que como había tenido un stock remanente de chips sim cards multitramite en caja cerrada, se los vendió a Núñez Pinheiro, “técnico de celulares y revendedor de Sim Cards”. Se lo mandó por correo privado el 9 de septiembre. En su testimonial, Núñez Pinheiro confirmó el dato y afirmó que no tenía un listado numerado de las tarjetas ni de las ventas. Explicó que todo era informal: él hacía un recorrido en su propio automóvil buscando en las ciudades aledañas a su domicilio, diversos locales que pudieran estar interesados en comprarle el chip. Por eso no sabía qué chip había vendido.
Como testigo, obligado a decir la verdad, nada dijo sobre la versión que dio ahora como acusado en la justicia porteña. La querella reclamaba en ese momento más medidas y lo pedía como acusado. El caso por el hackeo al celular de Santilli fue cerrado el 22 de diciembre pasado por la imposibilidad de avanzar. Pero Santilli pidió reabrirlo ante las nuevas pruebas que aparecieron en la causa D’Alessandro. Ahora analizaban esa información para determinar los pasos a seguir, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
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