El jurado de enjuiciamiento que llevaba adelante el jury contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio decidió este jueves por unanimidad la destitución e inhabilitación del magistrado, suspendido en sus funciones desde 2018. Carzoglio había sido el juez que intervino en la causa contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente. Sin embargo, las causales de su remoción no tuvieron que ver con eso: estaba denunciado desde el 2012.
Carzoglio, de 73 años, fue destituido por aplicación de la ley de Maltrato Laboral, por las causales de “maltrato psíquico y social contra el trabajador o la trabajadora” mediante “hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica”.
Además, el jurado le aplicó causales de remoción contempladas en la ley provincial de enjuiciamiento de magistrados, entre ellas “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.
Te puede interesar: El juez rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano
La decisión fue tomada por unanimidad. El jurado fue presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan e integrado por los legisladores provinciales de Juntos Ismael Passaglia y Erica Revilla; del Frente de Todos (FdT) Débora Galán y Maite Alvado, y de Espacio Abierto, Walter Carusso, y los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione y Jorge Pablo Martínez, de La Plata; Juan Emilio Spinelli, de Necochea, y Pedro Jorge Arbini Trujillo, de San Isidro.
El pedido de destitución lo había planteado el acusador de Carzoglio, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Entre las acusaciones se encuentran amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha y haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.
Según los fundamentos de la destitución a la que accedió Infobae, los testigos recordaron al declarar “la situación en la que el magistrado Carzoglio, -presumiblemente para favorecer la situación procesal de los imputados-, los conminó a que confeccionaran actas falsas que dieran cuenta del cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas. Sin embargo, los funcionarios se negaron a cumplir esa ilegal orden -básicamente la conminación a cometer un ilícito penal”.
De acuerdo a las denuncias que impulsaron su jury, hay relatos de diferentes tipos de maltratos. Silvina Salazar es una abogada adscripta de la Suprema Corte de Justicia –con funciones de letrado itinerante-, y contó que ingresó al Poder Judicial en el año 2005 y que estuvo asignada al Juzgado de Garantías nro. 9 -justamente por la intervención del máximo tribunal provincial a raíz de las irregularidades denunciadas por los funcionarios de esa judicatura- entre el año 2012 y 2014.
Durante su testimonio, contó que en una oportunidad el doctor Carzoglio, en el marco de un expediente que el magistrado tenía para resolver –creyó recordar que era un caso de usurpación-, a raíz de haber recibido un llamado de “un político” de la Municipalidad de Avellaneda, le ordenó a la testigo que se apersonara en la sede del gobierno municipal y contara la cantidad de personas que había allí, especificando “…si había menores, si estaban con palos, si estaban con armas, si estaban encapuchados”.
Frente a esta orden, la abogada Salazar le hizo saber al juez su punto de vista: que no correspondía cumplir con dicha instrucción y que debía resolverse el caso con las constancias del expediente advirtiéndole además, que de tomarse tal medida podrían instar la nulidad de esa actividad instructoria. Ante ello Carzoglio le respondió gritándole: “Si yo te digo que tenés que ir, vas a ir”. La mujer se mantuvo firme y el juez la amenazó con reportar a la suprema Corte su desobediencia. Sus compañeros se fueron porque no soportar los gritos.
Sobre los allanamientos irregulares, la jueza Kohan expresó en su voto que “la prueba colectada muestra a un juez que no sólo menosprecia las reglas y esquemas legales que rigen la competencia, sino que a la vez, lo exhibe como un operador negligente dado que, por su propia actividad irregular un procedimiento contra un conocido delincuente de la zona terminó fraguándose” (…) lo que es más grave aún es que los allanamientos que Carzoglio -sin ser competente- ordenó, lo fueron sin determinar día ni hora”.
Es más: uno de los allanamientos fue al colegio de abogados: “Se trataba claramente una disputa política que acudió a ciertos despachos judiciales prestos a poner el ejercicio de la coerción pública al servicio de esos intereses”, sostuvo la jueza Kohan.
El abogado de Carzoglio, Diego Raidán, anunció que apelará la decisión del Jurado ante la Suprema Corte bonaerense. Es que el ahora ex juez sostiene que su destitución está vinculada con su negativa a detener a Pablo Moyano en 2018, en el marco de una causa por administración fraudulenta contra el Club Atlético Independiente.
Lo cierto es que el jury en su contra empezó. “Nosotros confiamos en el jury y pensamos que, si hay justicia, vamos a salir airosos”, le dijo esta semana a la agencia Telam. Tras la declaración de 85 testigos -55 de los cuales fueron propuestos por la defensa -, el jurado debía resolver si restituía al juez al cargo del que había sido apartado en 2018, o si era destituido. Votó la segunda opción.
“La mala conducta y de esa manera el ‘mal desempeño’ surge de las acciones desarrolladas por el denunciado cuando, por una parte, utilizó su poder como titular de un órgano jurisdiccional para violentar a su personal, al punto de encuadrar sus conductas en los términos de la ley provincial de violencia laboral 13.168 y por otro, cuando en un claro supuesto de ‘desvío de poder’ utilizó el aludido poder jurisdiccional para la suscripción adulterada -por falsa- de un documento público (ante la férrea negativa de las funcionarias y el funcionario letrado”, se sostuvo en los fundamentos de su destitución a los que accedió Infobae.
“Nos extraña que haya habido un voto unánime, pero vamos a recurrir la resolución y vamos a seguir peleando dentro de lo legal”, argumentó Carzoglio. “Es muy grave lo que pasó, conmigo no van a poder. Lo vamos a pelear. Vamos a ir a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires”, adelantó el magistrado destituido. “El jurado no entendió. La unanimidad me llama mucho la atención, no puede ser que no haya habido diferencia de opiniones”, remarcó en declaraciones periodísticas luego de conocer la decisión.
Seguir leyendo:
El tribunal refutó la hipótesis de “lawfare” de Cristina Kirchner: “Teorías conspirativas y clichés”
