En los últimos días, los defensores legales de Pedro Castillo deslizaron una nueva tesis sobre el motivo que lo llevó a ejecutar su fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado: el expresidente estaba amenazado de muerte. Sin embargo, uno de sus abogados brindó más detalles sobre este argumento.
Eduardo Pachas señaló en diálogo con el diario La República que Castillo Terrones tenía cuatro denuncias que iban atentar contra su vida. Sin embargo, a la hora de detallarlos, el letrado recordó algunos sucesos que pasaron con el exmandatario antes y en el ejercicio de sus funciones en el Poder Ejecutivo.
“El presidente Castillo tuvo cuatro denuncias de muerte con denuncia policial (…) La primera es la de Rafael López Aliaga, que lo amenaza tanto a Cerrón como a Castillo públicamente y tiene que sacar unas garantías constitucionales para su vida. La segunda es por el periodista Dave Hernández Vilca, quien fue denunciado penalmente, se abrió proceso y hasta el día de hoy no hay sanción de nada”, apuntó.
“La tercera fue el 7 de diciembre desde el Ministerio de Defensa hacia el presidente Castillo, porque ya se le había golpeado. Y la cuarta fue el 7 de diciembre a la 1.40 p. m. en la avenida Wilson, cuando están con fusil en mano para detenerlo”, anotó.
Pachas mencionó también que “ya había un golpe de Estado sistemático por parte del Congreso” contra Castillo Terrones.
Hay que recordar que este abogado señaló el martes pasado que Castillo “se vio obligado a leer el discurso, fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte hacia su persona”,
Agregó que si Castillo Terrones no cerraba el Parlamento, pues lo que iba a pasar es que “si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar y luego a su familia se le iba a detener”.
Adicionalmente, acusó sin pruebas a las Fuerzas Armadas de haberse coludido con los congresistas para facilitar la destitución del exmandatario y así darse la sucesión constitucional con la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
“Lo que ha hecho el presidente Castillo es luchar contra un sistema”, alegó Pachas.
Por otro lado, Walter Ayala, exministro de Defensa y otro de los representantes legales de Castillo, también refirió que la representación nacional no alcanzó los 104 votos necesarios para concretar la salida del profesor rural del Ejecutivo.
A juicio de Ayala, la presidencia de Boluarte Zegarra es inconstitucional porque accedió de manera irregular.
Los letrados explicaron por qué el Poder Judicial debería aceptar la acción de amparo que presentaron el pasado 22 de enero para anular la resolución del Congreso de la República que declaró la vacancia por incapacidad moral permanente de Castillo Terrones.
La revisión de esta solicitud está en manos de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que celebrará una audiencia el próximo viernes 23 de junio.
Denuncia archivada
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió archivar en parte la denuncia presentada por la defensa legal del expresidente Castillo contra más de cien autoridades por no haber respaldado su fallido autogolpe de Estado.
En la resolución se detalla que no había suficientes elementos probatorios para abrir una investigación preliminar contra los 101 congresistas de la República, que votaron a favor de su vacancia por incapacidad moral permanente, por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
En la acusación del profesor cajamarquino también se incluyó a la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder tras su destitución; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; Walter Alemán, excomandante general del Ejército; y los coroneles de la Policía Nacional del Perú, Iván Lizetti, Walter Ramos y Harvey Colchado.
Sobre estas personas, la fiscal Benavides remitió la carpeta a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro a fin de tomar una decisión de si inicia una indagación o la archiva.
