La década de los 60 y de los 70 en México estuvo marcada por dos represiones estudiantiles que dejaron una huella imborrable en el imaginario colectivo sobre la importancia de que el Estado garantice los derechos humanos antes, durante y después de las manifestaciones sociales.
A finales de la década de los años sesenta, la Ciudad de México fue protagonista de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, la cual fue cometida por el Ejército Mexicano y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en donde —oficialmente— se hablan de más de 300 personas fallecidas, aunque se habla de que fueron algunos más.
“Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año (1968), caracterizado por detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo; por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos”, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la represión en Tlatelolco.
Aunque la mayor parte de la culpa recayó sobre Díaz Ordaz, el nombre de Luis Echeverría Álvarez protagonizó algunas líneas de investigación, debido a que en aquel tiempo se desempeñaba como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); sin embargo, no sería la única represión que le sería atribuida.
No obstante, tras el shock social que representó lo ocurrido en Tlatelolco, se pensó que represiones de esa índole no volverían a pasar en México, pues se creía que el Estado no repetiría una acción de esa magnitud, que reflejara un nivel alto de intolerancia; no obstante, no fue así, debido a que muchos de los que sobrevivieron al 2 de octubre fueron acusados de diversos delitos.
Tres años más tarde, ya en la administración de Luis Echeverría Álvarez como titular del Ejecutivo Federal, una acción similar se volvió a vivir en la capital del país, pues las huelgas estudiantiles y sindicales no cesaron en todo el país, pese a que el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció reformas para darle a México una presunta apertura a la democracia.
Pese a las ideas del priista, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se inició un conflicto interno, a finales de 1970, cuando académicos y estudiantes presentaron una reforma a la Ley Orgánica con el fin de proponer un gobierno paritario, pero se echó atrás dicho cambio cuando llegó a la rectoría Héctor Ulises Leal Flores en 1971.
Aunado a lo anterior, desde el gobierno se disminuyó el presupuesto a la Casa de Estudios, se cambiaron algunos puntos de las normas internas, lo que provocó que se suprimiera la autonomía de la institución. Tras todo esto, los estudiantes comenzaron una huelga.
En la Ciudad de México poco a poco comenzó a conocerse más la situación que ocurría en Nuevo León, por lo que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) salieron a las calles a refrendar su compromiso con las luchas estudiantiles.
Entre esos días en que se presentaron las manifestaciones, específicamente en la marcha que ocurrió el jueves 10 de junio, un Jueves de Corpus, la comunidad estudiantil se congregó para partir hacia el Zócalo de la capital mexicana. El punto de salida fue en el Casco de Santo Tomás, se tenía planeado cruzar por todo el camino donde actualmente cruza la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
No obstante, a la altura de la actual estación del metro Normal, un grupo paramilitar —los cuales iban vestidos de civiles—agredieron y asesinaron a algunos manifestantes. Ahora se conoce que se trató de un escuadrón organizado y financiado por el Estado, bajo la dirección del ejército, la policía y los granaderos, el cual era conocido como “los halcones”, de ahí que el hecho sea recordado como “El Halconazo”.
“Este hecho registró violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas estudiantes y asistentes a dicho evento y constituyó un acontecimiento más de violencia en ese contexto de represión sistemática y criminalización de la protesta, principalmente contra los estudiantes, realizadas por el Estado mexicano”, volvió a explicar la CNDH.
Luis Echeverría acusado de ser partícipe de las dos represiones
El año 2000 significó para México la entrada a la alternancia política, pues tras más de setenta años de gobiernos priistas, el panista Vicente Fox Quesada llegó a la Presidencia de la República. Una de sus principales promesas fue llevar a la justicia a algunos de los culpables del 68 y 71 —además de otros movimientos que ocurrieron en toda la República Mexicana—, así como la apertura al acceso a la información,
Para poder realizar dichas acciones, se creó la Fiscalía Especial para Movimiento Sociales y Políticos (FEMOSPP), la cual atribuyó la responsabilidad intelectual y posible genocidio a Luis Echeverría, así como a su círculo íntimo de aquellos años, por lo que fue citado a declarar.
En 2005 comenzó una discusión sobre si los delitos de los sesenta y los setenta deberían de considerarse como prescritos o se debían juzgar; no obstante, en noviembre de 2006 se declaró culpable a Luis Echeverría y se le dictó auto de formal prisión, medida que fue revocada en 2009, pues el expresidente fue exonerado.
